domingo, 25 de agosto de 2013

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RELATOS TRADICIONALES
CONVERSACIÓN

San Pedro de la Paz queda al sur de Concepción (Octava Región).

Dibujo: Fernando Raguileo
Diseño del afiche: Marcelo Flores Quintupill

domingo, 18 de agosto de 2013

RACISMO Y JUSTICIA CHILENA


 POR Comunidad de Historia Mapuche
Nuestro küme mogen (vida buena), modelo de vida mapuche, supone desarrollar, alcanzar y mantener un equilibrio y bienestar a nivel individual y colectivo en las diversas esferas de nuestro ser: espiritual, sicológica, biológica y comunitaria. Constituye un ideal que no siempre se puede lograr, más aún cuando a raíz de nuestra condición de pueblo subordinado y colonizado, existen determinantes sociales, culturales, estructurales e históricos que conllevan un weza mogen (mala vida). En estas condiciones, se torna complejo y hostil vivir de acuerdo a valores y principios propiamente mapuche, a raíz de los estigmas racistas con que la mayoría de éstos son representados, debido a los quiebres y desarraigos con nuestra territorialidad producto del despojo histórico y actual, los que también han conllevado al desmembramiento familiar y comunitario.

Desde una perspectiva mapuche profunda, los lugares y espacios son determinantes para la existencia humana. Conocer sus ciclos y sus potencialidades energéticas es de fundamental importancia. Bien lo han venido practicando nuestros ancestros y nuestras familias, quienes sabían dónde instalarse para vivir, sembrar, intercambiar, efectuar ceremonias y reunirse. Hoy en día, pasar a llevar los espacios, sobre todo aquellos más delicados y dotados de ciertas potencialidades energéticas, de uso medicinal y religioso, implica una transgresión grave (yafkan), que al no ser remediada conlleva serios desequilibrios a la persona, la familia e incluso a la comunidad en su conjunto. La manifestación de estos desequilibrios se expresa generalmente en términos de mapu kuxan (enfermedad provocada por las fuerzas espirituales que habitan en el territorio).

Los desequilibrios que acarrea el mapu kuxan son diversos y pueden somatizarse a través del decaimiento, somnolencia, ansiedad, la pérdida de la visión, fuertes dolores abdominales, fiebres o trastornos del sueño. Síntomas que se exacerban con el consumo de alcohol u otras drogas, pudiendo generar severos cuadros de depresión, sicosis, paranoia y violencia. Las personas que poseen un mapu kuxan habitualmente escuchan voces, tienen visiones, pierden la memoria, presentan convulsiones y taquicardia. Estos síntomas pueden ser permanentes, pero también manifestarse durante lapsus de tiempo interrumpidos. Las consecuencias son múltiples, pues traen consigo el deterioro de las relaciones sociales, la perdida de la capacidad de sociabilidad y en los casos más extremos el suicidio o el homicidio. Frente a esto la medicina mapuche brinda la posibilidad de tratamientos largos, centrados en la persona, pero haciendo partícipe al grupo familiar en su conjunto, como también a una parte de la comunidad.

Es en este marco de análisis sociocultural mapuche que nos interesa contribuir con una breve reflexión del caso de femicidio cometido en la región de la Araucanía por Moises Maliqueo Quidel, a propósito del abordaje que la justicia chilena ha efectuado recientemente. Maliqueo Quidel es mapuche oriundo del territorio de Xuf Xuf, quien asesinó a su pareja Rosario Sandoval Mariano de 50 años de edad en Julio del año 2012. Nuestro interés no es justificar el asesinato o la violencia intrafamiliar mapuche desde argumentos culturalistas e invocando el Convenio 169, pues estamos lejos de posicionarnos desde allí en este lamentable y doloroso caso. Por el contrario, nos abocamos a evidenciar la naturaleza racista y colonialista de la justicia chilena, expresada en el tratamiento del femicidio. Al observar y analizar el juicio, lo que queda en evidencia es la vitalidad y reproducción de una superioridad racista del derecho positivo que ha sido avalado por la opinión de psiquiatras. En los cuales se evidencia la ausencia de formación en el sistema médico mapuche o la salud intercultural, desechando de plano cualquier argumentación sociocultural que posibilite una comprensión, evaluación y juicio en términos más justos y atendiendo a la complejidad de las variables y determinantes que inciden en lo sucedido y las implicancias que esto puede conllevar a mediano y largo plazo.

Desde el punto de vista del especialista en salud mapuche, machi, a quien se solicitó una evaluación desde Tribunales, Maliqueo es un kuxanche (persona enferma). En el diagnóstico le fueron detectadas dos enfermedades: un re kuxan (enfermedad de origen biológico) y un mapu kuxan que se genera básicamente por “energías que existen en la tierra, se acercan a la persona y comienzan a debilitar su espíritu” (entrevista TV2 Víctor Caniullan, 09/08/2013) afectando el cuerpo, el comportamiento y la integridad del enfermo. Contrario a este examen, los peritos psiquiatras emiten un diagnostico que señala que el acusado no padece de enfermedad mental alguna que le impida tener conciencia de lo que hace. Este último diagnóstico es el que finalmente ha sido validado en tribunales, en desmedro del efectuado por el especialista mapuche. Al respecto, también el fiscal Pino sostuvo enfáticamente en entrevista al Diario Austral de Temuco: “Nosotros creemos que podemos acreditar que mediante la prueba que cuenta el Ministerio público, especialmente con el peritaje psiquiátrico que se le realizó al imputado, de que él no se encontraba en ninguna de esas condiciones” (09/08/2013).

El hecho descrito demuestra una vez más un abierto racismo institucional hacia los mapuche, como hacia nuestro conocimiento médico. Poniendo al descubierto la violencia simbólica que hace parte en el actuar de las instituciones estatales y donde se reproduce una relación de dominación-subordinación intelectual, jurídica y política contextualizada en una situación de subordinación histórica que permea la globalidad de las relaciones en que se inscriben e interactúan las personas mapuche.  La práctica de la violencia no sólo se visibiliza en actos materiales, sino también en ejercicios ideológicos encarnados en la institucionalidad pública chilena y manifiestos en diferentes actos de negación, marginación, desacreditación, ridiculización, demonización de prácticas, conocimientos y creencias.

La presencia del racismo colonial en tribunales de justicia chilenos son públicamente conocidas y documentadas, y en la actualidad se expresan abiertamente tanto en la criminalización de la protesta social, como en el tratamiento de diversas causas judiciales que involucran a personas mapuche. Se trata de un racismo que se expresa desde la aplicación de leyes de excepción que no son aplicadas a otros “ciudadanos chilenos”, en la ausencia de un debido proceso en causas que se enmarcan en la protesta social, hasta en la cotidianeidad de las salas de tribunales donde la corporalidad y la gestualidad se muestran decidoras de condenas previas a las sentencias. El tono fuerte y prepotente, la interrupción, el trato hostil, las miradas, como también la desestimación a priori de cualquier argumentación que permita comprender y evaluar las causas desde una perspectiva mapuche o intercultural.

De la misma forma en que lo son el afecto o la solidaridad, la violencia también es parte de la vida comunitaria mapuche. Las determinantes son diversas, sin embargo un elemento estructural es el trauma colonial e histórico que produjo la subordinación mapuche al Estado, vinculado al racismo, el despojo, el desmembramiento familiar, el empobrecimiento, la marginalidad, la introyección de sentimientos de inferioridad en diversas generaciones mapuche producto de la discriminación cotidiana y que decantan en el consumo de alcohol y otras drogas como formas para evadir los sentimientos de angustia y descompresión social, etc. El abordaje de esta realidad es un desafío pendiente para los y las mapuche, que nos interpela a desarrollar un proceso de descolonización desde la cotidianeidad de nuestras prácticas, pero que se torna complejo debido a que en no pocas ocasiones la intervención y tratamiento que realizan instituciones estatales en su propósito de “ejercer justicia” y “protección”, deviene en la reproducción de la violencia en el ámbito cotidiano debido a la ignorancia con que a veces operan sus especialistas.

En algunos países de América latina se está avanzando en la recreación y revitalización del derecho propio de los pueblos indígenas, haciendo uso del Convenio 169 de la OIT y abriendo espacios para la utilización de categorías y el ejercicio de justicia desde los propios sistemas normativos indígenas que se reactualizan y articulan bajo formas de interlegalidad con el sistema hegemónico del Estado. Estas experiencias y procesos sin duda están llenas de contradicciones, que provienen del estatus subalterno que aún mantienen los sistemas normativos y de justicia indígena en relación al estatal hegemónico; como también del rediseño neoliberal del Estado donde los pueblos indígenas y la sociedad civil se ven obligados a asumir responsabilidades que antes lo eran de las instituciones estatales, mientras sus prácticas culturales y territorios se transforman en mercancías que deben insertarse en los mercados nacionales y globales. No obstante lo anterior, experiencias y procesos como éstos en Chile ni siquiera son objeto de debate, lo cual se torna preocupante no sólo por razones de reivindicación de derechos colectivos indígenas, sino también por las posibilidades que un debate en esta línea podría abrir para el abordaje de problemas que se viven en las familias y comunidades indígenas en contextos urbanos y rurales, como son la violencia intrafamiliar o patriarcal. El Convenio 169 o la Declaración ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas proporcionan un marco jurídico para el reconocimiento de las prácticas, conocimientos y sistemas normativos indígenas, sin embargo en la justicia chilena prevalece la superioridad colonialista del derecho positivo, y la disposición racista de no pocos jueces como se evidencia en el caso del juicio a Maliqueo cuando se inferioriza la labor de los especialistas indígenas y por consiguiente se subalterniza el conocimiento médico mapuche.

Debemos recordar que las enfermedades, su conceptualización, análisis y abordaje son constructos sociales, por tanto difieren de una sociedad a otra, al tiempo que están permeadas por relaciones históricas y de poder que explican el por qué se legitiman unos abordajes respecto de otros. Lo cual se deja entrever en el abordaje racista institucional de los tribunales en este caso, donde se evalúa con preceptos teóricos hegemónicos situaciones de origen socioespiritual y de determinación distinta.

Todo indica que, como se ilustra en este caso, la apertura de espacios para la expresión de consideraciones socioculturales a través de la participación de especialistas mapuche en los juicios o de peritajes culturales elaborados por antropólogos, se encuentra lejos de tener una incidencia significativa en la comprensión de las causas y las sentencias. Lo que demuestra cómo la interculturalidad funcional que ponen en marcha los poderes del Estado, no es más que el reacomodo del viejo racismo colonial que hoy en día se reactualiza mediante el reconocimiento superficial de la diferencia cultural, cosificándola y folclorizándola para ser nuevamente inferiorizada frente a la supremacía de los sistemas médicos, jurídicos y de conocimientos hegemónicos.

Por tanto, no se trata de justificar los actos de violencia intrafamiliar o el femicidio al intentar explicar y comprender éstos hechos desde el ámbito sociocultural mapuche y las relaciones de racismo y poder vigentes en Chile. Por el contrario, se trata de enfatizar en la necesidad de que existan garantías de una comprensión y evaluación de estos problemas desde la perspectiva de los Pueblos Indígenas, entregando explicaciones sobre el origen de estos hechos, y por sobre todo un tratamiento preventivo de los mismos mediante la revitalización de espacios propios de justicia indígena o desde una institucionalidad responsable con enfoque intercultural, en contraposición a los abordajes racistas y etnocéntricos que prevalecen hoy en día. En este caso, como en otros, es necesario que se integre al conjunto de los involucrados,  que se desarrolle un análisis desde el contexto y modelos teóricos diversos, teniendo en cuenta que el tratamiento de la violencia y el femicidio requiere de un involucramiento y una sensibilidad mayor de los hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas, desde los actores mapuche y desde la sociedad chilena en general.

Lo resultante o sumatoria de estas prácticas dañinas van generando una acumulación de situaciones de rabia, impotencia y vergüenza que tarde o temprano desencadenan otros episodios de mayor violencia social, crisis de identidad, alcoholismo, suicidio, marginalidad y vulneración, los cuales se hace necesario abordar en profundidad.